Rafael Uzcátegui
En la actualidad una de las discusiones más importantes de los movimientos sociales alrededor del mundo es acerca de las causas y consecuencias del cambio climático. Recordando el concepto emitido por las Naciones Unidas, por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Este calentamiento global es producido, entre otras causas, por el aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera debido al uso extendido y pronunciado de combustibles fósiles. Estudios estiman que desde que el hombre mide la temperatura, hace unos 150 años, ésta ha aumentado 0,5 °C. Se prevé un aumento de 1 °C en el 2020 y de 2 °C en el 2050, lo cual ocasiona cambios bruscos en los ciclos naturales de lluvias y modificaciones en el medio ambiente.
Esta discusión, lejos de ser de interés exclusivo para los ecologistas del llamado Primer Mundo, es de gran pertinencia para nuestra región. En América Latina y el Caribe se concentran las reservas de tierras cultivables más grandes del mundo, estimadas en 576 millones de hectáreas y equivalentes a casi un 30% de su territorio de 1,995 millones de hectáreas. Además, poseemos el 25% de las áreas boscosas del mundo (unos 964 millones de hectáreas). Con sólo un 15% del territorio y un 8,4% de la población mundial, Latinoamérica recibe el 29% de la precipitación de aguas y tiene una tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo. Todo esto está siendo afectado en el momento en que usted lee este artículo.
Si en todo el continente diferentes movimientos sociales lo han convertido en uno de los ejes de sus preocupaciones, ¿Por qué en Venezuela hemos estado ausente de esta discusión? Una de las respuestas es la erosión del movimiento ambientalista y ecologista por la cooptación y la polarización política del país. Durante la década de los noventas el tejido social construido en torno a las preocupaciones ambientales originó diferentes articulaciones, movilizaciones y mecanismos de presión. Coyunturas como la promoción de una Ley Penal del Ambiente o la posibilidad de ampliar los usos de la Reserva Forestal de Imataca desencadenaron estrategias de incidencia a todos los niveles por una red informal verde extendida por todo el territorio. Por ello nuestro país tuvo una importante representación en los foros internacionales, como Eco ´92, en donde se coordinaban acuerdos globales para proteger la fauna y la naturaleza. A partir de 1998 esta situación se revirtió. Una buena parte de estos activistas enmarcaron sus propias demandas en el antagonismo creado exclusivamente a partir de la figura del primer mandatario. Otras redes y organizaciones, a partir de las expectativas creadas por el nuevo gobierno, pasaron a formar parte del entramado estatal. A excepción de algunas iniciativas nucleadas alrededor del indigenismo, diez años después es evidente la inexistencia de un movimiento que demande políticas públicas para la satisfacción del derecho al ambiente sano.
Un reciente informe de la CEPAL revela que Latinoamérica apenas contribuye con un 5% de las emisiones de CO2. En consecuencia Venezuela, por la naturaleza de su modo de producción energético, encabeza la lista de los países de la región de mayor quema de combustibles fósiles, lo cual no es una sorpresa. Sin embargo, el ocupar el quinto lugar mundial de reservas de petróleo y gas, así como el octavo lugar en ventas de hidrocarburos nos dan un lugar especial en la responsabilidad de alimentar un modelo de desarrollo que amenaza la vida en todo el planeta. En Ecuador, otro país de la región basado en la economía extractiva minera, las organizaciones sociales y ambientalistas desde hace muchos años vienen haciendo propuestas en la construcción de lo que han denominado “sociedad post-petrolera”, así como denunciando las consecuencias sociales y ecológicas de la explotación de materia prima energética. Esta discusión acerca de nuestro modelo de desarrollo y el rol que nos ha asignado la globalización económica sobrepasa las limitaciones del discurso polarizado de nuestros días, pues si en algo coinciden el gobierno como los partidos políticos de oposición es en la administración del poder en base a la renta petrolera.
Un interesante estudio de la investigadora María Pilar García (http://www.scielo.org.ve/pdf/rvecs/v15n1/art10.pdf) hace un inventario de los principales proyectos de infraestructura y explotación energética desarrollados actualmente por nuestro país, sus impactos y las incompatibilidades de estos con el discurso sobre el “ecosocialismo”. La discusión sobre el cambio climático, si se asume con seriedad, precisamente nos remite a la forma en que nos hemos construido como sociedad y nuestros vínculos con el medio ambiente. Los cambios en las temperaturas o los largos períodos de sequía son algunas de sus resultados. Otros aún están por verse, como la denuncia realizada por el Colectivo Tatuy y otras organizaciones ambientales del estado Mérida, cuyos informes establecen que los paramos andinos, tal como los conocemos, se transformarán radicalmente en un período de 10 años. Si no recobramos una visión integral de nuestros derechos, así como las organizaciones sociales que de forma autónoma y desde abajo estén presionando por su cumplimiento, continuaremos rezagados y rezagadas en las diferentes discusiones sobre las nuevas problemáticas que nos afectan como civilización. (Correo del Caroní, 15.02.10)
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